Derecho Penal, el gran desconocido

No hay nada más inútil que defender la presunta inutilidad de las leyes penales vigentes de nuestra augusta Nación. Mientras por un lado los penalistas se afanan en señalar que en nuestro país, con una incidencia relativamente baja de la delincuencia en relación con el entorno europeo, se debe mitigar el rigor del sistema punitivo, por otro lado los periodistas reconvertidos en juristas, hábiles prestidigitadores –léase políticos populistas y sus anejos mediáticos- y las víctimas de horrendos crímenes, se quitan la careta y anuncian medidas que, de aprobarse, nos conducirían irremisiblemente a un sistema normativo inspirado en los clichés decimonónicos.

Algunos juristas en potencia estamos hartos de ver cómo se realizan diversas reformas al Código Penal en una sola legislatura, mientras que las modificaciones de otros cuerpos legales, como el Código civil –con una regulación carente de sistemática actualizada y con multitud de normas civiles dispersas por otras leyes especiales- duermen el sueño de los justos en algún cajón ministerial o de la Comisión de Codificación. La creciente tendencia a explotar a las víctimas como munición electoral por parte de diversas formaciones políticas, y tangencialmente por todas, y el eco mediático de los familiares directos de algunas de esas víctimas, ha supuesto lo que denomino “populización” del sistema penal, que me recuerda más a regímenes afortunadamente superados que a planteamientos admisibles en un Estado social y de Derecho.

Ahora lo que vende es endurecer las leyes penales, todos a la cárcel, y todo ello adornado con el falso mensaje de delincuencia cero. Curiosamente, los delitos que más se endurecen son los delitos cometidos por personas de extracción social humilde –véase el delito continuado de hurto, por faltas reiteradas-, potenciando, en cambio, la casi impunidad en otros delitos cometidos en el seno de operaciones mercantiles o por políticos corruptos, en los que prevalece la sensación de tibieza de la justicia ante tamañas indignidades. Esto es así. Un claro exponente de esta política es la reforma derechista del Código en 2003. Lo evidente es que se está entrando en una espiral peligrosa que pretende acabar con la criminalidad por medio de leyes ad hoc. En esta categoría de leyes entra el proyecto de Código Penal presentado el pasado otoño en el Congreso, si –como es previsible- llega a aprobarse. Desgraciadamente, tengo que dar la razón a los izquierdistas cuando protestan por la auto-protección penal de los poderes fácticos.

He analizado el proyecto de Código Penal reformado que se pretende aprobar y es claramente un nuevo apretón de tuerca en el endurecimiento extremo del Derecho penal, reforzado por figuras mediáticas con propuestas populistas y padres espectáculos –merecido calificativo-. No sé si esto llegará algún día a acabar con el restablecimiento de la venganza de la sangre. Y no es una frivolidad lo que digo, es que la gente pide eso: mano dura. No se entiende al delincuente desde una postura empática, sino completamente hostil. Nosotros nunca podremos ser delincuentes; los demás, sí. Con esa mentalidad estamos destrozando las raíces que conforman el sistema penal español, más por resentimiento e ignorancia que por razones de justicia material, y estamos despertando propuestas que eran razonables en los tiempos de Hammurabi.

La oposición, el Partido Popular, no va a la zaga al Gobierno en este sentido, como era de esperar. Incluso lo supera con sus propuestas flagrantemente inconstitucionales. El tribuno de la plebe –dicho sea con todos los respetos-, Juan José Cortés, se ha declarado plenamente legitimado para promover la revisión, en sentido regresivo, de la pena de prisión, llegándose al esperpento de presentar el grupo al que asesora -con, al parecer, una buena dosis de sentido común- una enmienda que prevé una suerte de prisión perpetua revisable. No me explico cómo puede ser revisable si es perpetua; se trata de un oxímoron en toda regla. Espero que salgan pronto de su contradicción, porque son plenamente conscientes de que la verdadera retribución pura y dura, el resarcimiento de las víctimas, es, mal que pueda pesar a muchos, una cuestión de Derecho civil, de dinero, y no de pena. El principal escollo es que el señor Cortés no es jurista y la enmienda parlamentaria se ha defendido con escasos fundamentos jurídicos y argumentos harto cuestionables por el Tribunal Constitucional pero con una carga política muy profunda que contraviene el espíritu de nuestra norma fundamental.

Tenemos que superar la dicotomía maniquea que clasifica a los delincuentes en buenos y malos. Buenos son los que están integrados en el sistema o, a fin de cuentas, dirigen el cotarro en algunos sectores sociales o económicos influyentes. Malos, todos los demás: toxicómanos, terroristas, violadores, extranjeros y psicópatas. En las normas penales y penitenciarias no pueden colarse los prejuicios que desacreditan todos los valores que son seña principal de nuestro Estado democrático. Desde luego, si al elaborarlas contamos con personas que no pueden controlar sus deseos de venganza ni tienen legitimidad moral para decir lo que dicen, la justicia abrirá paso al talión, porque los que defendemos justicia somos sistemáticamente acusados de débiles y de condescendientes con el criminal sin ningún argumento sólido.

Concluyo este post con un desiderátum. Algún día, una mañana de primavera el ministro de Justicia de turno se levantará de su plácido lecho y pensará en que ya va siendo hora de restaurar la proporcionalidad en el Código y despenalizar conductas que no se insertan en la última ratio del Derecho penal o no lesionan bienes jurídicos. Cuando la noticia salte a los medios de comunicación, se leerán titulares como éstos: “el ministro cede ante el chantaje de los terroristas”, “el gobierno, cómplice de los delincuentes”, “a partir de hoy todos los pederastas y violadores saldrán de la cárcel”, etc. El ministro intentará impulsar el proyecto de reforma, con mayor o menor fortuna, pero el presidente del Gobierno, debido al coste político que puede suponer, ordenará la retirada de la propuesta y, por ende, la muerte política del ministro. Fin de la ilusión.