El régimen parlamentario español tiene un problema ya crónico: el hastío nacional durante las sesiones ordinarias, que se extiende también, y para nuestra desgracia, en los debates de significada importancia política, de estilo mitinero y efectista, y a los que les preceden interesadas filtraciones sobre el contenido de las intervenciones de cada líder parlamentario.
Al contrario que en las encuestas de opinión, la actitud de la clase política parlamentaria coincide grosso modo con la actitud ciudadana de cara a tanta palabrería prefabricada. De ahí que podamos visualizar desde la tribuna de invitados a diputados leyendo el periódico –el deportivo, eso sí-, resolviendo los fascinantes sudokus o simplemente ausentándose por eso del cigarrito. Además, los ex ministros nos deleitan con sus poses de notables defenestrados, siempre y cuando no hayan renunciado al escaño.
Cumplidos ya más de treinta años este ritual, es necesario realizar un balance, no del estado de la Nación, sino de los debates en sí. La caduca y rígida fórmula de los parlamentos decimonónicos aún pervive gracias a la férrea disciplina partidista y a la incapacidad de nuestra clase política para ofrecer una mayor frescura e inteligencia, cualidades necesarias a espuertas en esta etapa crítica. No se trata de sustituirla por el espectáculo del Parlamento italiano pero sí de adaptar a la cultura hispánica el decano y sólido modelo anglosajón de las question time, las preguntas a bote pronto y las discrepancias no fingidas entre el Gobierno y los parlamentarios de la mayoría que lo sostiene.
Así que a evitar eso tan cacofónico de la debacle de los debates, que sólo benefician a las elites de los partidos que participan en ellos para así movilizar y jalear a los de su equipo. Y, además, los españolitos parlamentarios van a tener que recorrer en unos pocos años el camino que los británicos y estadounidenses han construido y perfeccionado a través de la costumbre a lo largo de varios siglos.
miércoles, 20 de octubre de 2010
domingo, 17 de octubre de 2010
¡Es el Estatut, estúpido!
En estos momentos de emoción colectiva por la victoria de Tomás Gómez y con la satisfacción por el trabajo bien realizado, vamos a desviarnos del habitual tema de conversación en las tertulias de estos días y centrarnos en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña o, mejor, en sus líneas infranqueables. De ellas ilustraré antes de que mis desesperados lectores tropiecen con el famoso PDF y con ello se incremente el riesgo de sufrir un derrame cerebral.
La posición de los diversos actores políticos catalanes en torno al fallo del Tribunal Constitucional ha estado presidida por la indecencia institucional y la falta de sentido de la realidad. Las maximalistas exigencias del Gobierno catalán y de los partidos que les acompañan en la defensa del Estatuto han sido hábilmente manejadas por un nacionalismo español deseoso de volver al racarraca que dominó la atención ciudadana durante la pasada legislatura.
Algo bueno tendrá la sentencia del Constitucional cuando ha sido criticada tanto por los nacionalismos –sí, en plural-: abre una nueva puerta al desarrollo autonómico –el desarrollo del desarrollo, porque el techo competencial no puede estirarse más-, un campo repleto de minas colocadas alegremente por separadores y separatistas. Lo hace, eso sí, a cambio de un incremento de la inseguridad jurídica a la hora de interpretar la carta magna, como se desprende de las más de veinticinco cláusulas interpretativas que, como un clavo ardiendo, salvan la cimentación en la que se basó el Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Falta el respeto a la RAE incurriendo en figuras literarias impropias de un texto que se presume fuente de Derecho.
Si los ciudadanos de Cataluña son una subcategoría dentro de la ciudadanía española, ¿será esta macedonia de despropósitos jurídicos una subsentencia? Porque la calidad técnica de la depuración jurídica del Estatuto deja mucho que desear. La polémica de las veguerías también copa la atención de muchos juristas y el Parlamento ha aprobado, en contra de los fundamentos de la sentencia, una ley de veguerías que pretende la supresión de las provincias y ¡la aprobación de una ley orgánica! Lo cierto es que observo cierta incongruencia en cuanto a la justificación por el TC de la pervivencia de las Diputaciones provinciales: entonces, ¿Por qué las Comunidades autónomas uniprovinciales carecen de estos órganos desde hace treinta años sin que la Constitución autorice esta abolición en ninguno de sus preceptos? ¿No deberían haber sido revocadas las disposiciones ilegales de estos textos estatutarios? Mención aparte merecen el despilfarro de recursos producto de las nuevas divisiones territoriales, que no voy a analizar.
En el tema de la cooficialidad de las lenguas considero que la declaración del Constitucional es acertada; la discriminación positiva del catalán en el ámbito público no puede conllevar la obligatoriedad de emplearlo en establecimientos privados, por ejemplo. Ese fomento debe circunscribirse, como es natural, a las relaciones entre el ciudadano y la Administración, aunque si se desea extender esta pretensión al ámbito estrictamente privado el Derecho administrativo sancionador debe jugar un papel mucho menos relevante que en la legislación actual. En consecuencia, la ley sobre normalización lingüística deberá ser revisada. Huir de la demagogia en los asuntos de la cooficialidad es pura y llanamente lo que sentido común exige ahora –justo lo contrario de la posición de los partidos catalanes-.
Termino recordándoos algún sobresalto que aún nos queda en torno a esta sentencia. Las desgracias no vienen solas, dirán los independentistas. Al haber sido recusado un magistrado en el conocimiento del recurso interpuesto por el PP, el resto de impugnaciones siguen su curso y toca ahora esperar a que se dicte sentencia sobre cada uno de los demás recursos interpuestos por otras Comunidades Autónomas. Fuentes del Tribunal anuncian que las próximas sentencias serán en lo sustancial iguales que la ya dictada. Pero con la presencia del magistrado de posiciones autonomistas en el Pleno del TC, puede variar la jurisprudencia ya sentada y escorarse hacia una posición más aceptable para la Generalitat, aunque con ello cometiera una grave irresponsabilidad estableciendo dos interpretaciones constitucionales sobre una misma norma. ¡Vaya lío!
Cataluña se encuentra ante un nuevo reto: aceptar que la sentencia del Constitucional es legítima aunque pueda discreparse de ella, proponiendo salvar los bártulos que puedan sobrevivir a este necesario correctivo jurídico; o rechazar la desestimación de la práctica totalidad del recurso y seguir despotricando contra España, hábitat natural de Carod, Puigcercós, Convergència (más que Unió) y alguno más del oigue ustet. Ante ello, Cataluña debe insistir en su derecho al autogobierno de acuerdo con la voluntad expresada por las urnas, desechando cualquier atajo soberanista, pero es su obligación no volver a cometer el error de comenzar la casa por el tejado. Por tanto, reforma constitucional primero –si así lo consensuan PSOE y PP- y reforma estatutaria después. Así se hacen bien las cosas y que Montilla tome nota y termine la huida permanente de un electorado natural que le pasará la factura al caer la otoñal noche electoral.
La posición de los diversos actores políticos catalanes en torno al fallo del Tribunal Constitucional ha estado presidida por la indecencia institucional y la falta de sentido de la realidad. Las maximalistas exigencias del Gobierno catalán y de los partidos que les acompañan en la defensa del Estatuto han sido hábilmente manejadas por un nacionalismo español deseoso de volver al racarraca que dominó la atención ciudadana durante la pasada legislatura.
Algo bueno tendrá la sentencia del Constitucional cuando ha sido criticada tanto por los nacionalismos –sí, en plural-: abre una nueva puerta al desarrollo autonómico –el desarrollo del desarrollo, porque el techo competencial no puede estirarse más-, un campo repleto de minas colocadas alegremente por separadores y separatistas. Lo hace, eso sí, a cambio de un incremento de la inseguridad jurídica a la hora de interpretar la carta magna, como se desprende de las más de veinticinco cláusulas interpretativas que, como un clavo ardiendo, salvan la cimentación en la que se basó el Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Falta el respeto a la RAE incurriendo en figuras literarias impropias de un texto que se presume fuente de Derecho.
Si los ciudadanos de Cataluña son una subcategoría dentro de la ciudadanía española, ¿será esta macedonia de despropósitos jurídicos una subsentencia? Porque la calidad técnica de la depuración jurídica del Estatuto deja mucho que desear. La polémica de las veguerías también copa la atención de muchos juristas y el Parlamento ha aprobado, en contra de los fundamentos de la sentencia, una ley de veguerías que pretende la supresión de las provincias y ¡la aprobación de una ley orgánica! Lo cierto es que observo cierta incongruencia en cuanto a la justificación por el TC de la pervivencia de las Diputaciones provinciales: entonces, ¿Por qué las Comunidades autónomas uniprovinciales carecen de estos órganos desde hace treinta años sin que la Constitución autorice esta abolición en ninguno de sus preceptos? ¿No deberían haber sido revocadas las disposiciones ilegales de estos textos estatutarios? Mención aparte merecen el despilfarro de recursos producto de las nuevas divisiones territoriales, que no voy a analizar.
En el tema de la cooficialidad de las lenguas considero que la declaración del Constitucional es acertada; la discriminación positiva del catalán en el ámbito público no puede conllevar la obligatoriedad de emplearlo en establecimientos privados, por ejemplo. Ese fomento debe circunscribirse, como es natural, a las relaciones entre el ciudadano y la Administración, aunque si se desea extender esta pretensión al ámbito estrictamente privado el Derecho administrativo sancionador debe jugar un papel mucho menos relevante que en la legislación actual. En consecuencia, la ley sobre normalización lingüística deberá ser revisada. Huir de la demagogia en los asuntos de la cooficialidad es pura y llanamente lo que sentido común exige ahora –justo lo contrario de la posición de los partidos catalanes-.
Termino recordándoos algún sobresalto que aún nos queda en torno a esta sentencia. Las desgracias no vienen solas, dirán los independentistas. Al haber sido recusado un magistrado en el conocimiento del recurso interpuesto por el PP, el resto de impugnaciones siguen su curso y toca ahora esperar a que se dicte sentencia sobre cada uno de los demás recursos interpuestos por otras Comunidades Autónomas. Fuentes del Tribunal anuncian que las próximas sentencias serán en lo sustancial iguales que la ya dictada. Pero con la presencia del magistrado de posiciones autonomistas en el Pleno del TC, puede variar la jurisprudencia ya sentada y escorarse hacia una posición más aceptable para la Generalitat, aunque con ello cometiera una grave irresponsabilidad estableciendo dos interpretaciones constitucionales sobre una misma norma. ¡Vaya lío!
Cataluña se encuentra ante un nuevo reto: aceptar que la sentencia del Constitucional es legítima aunque pueda discreparse de ella, proponiendo salvar los bártulos que puedan sobrevivir a este necesario correctivo jurídico; o rechazar la desestimación de la práctica totalidad del recurso y seguir despotricando contra España, hábitat natural de Carod, Puigcercós, Convergència (más que Unió) y alguno más del oigue ustet. Ante ello, Cataluña debe insistir en su derecho al autogobierno de acuerdo con la voluntad expresada por las urnas, desechando cualquier atajo soberanista, pero es su obligación no volver a cometer el error de comenzar la casa por el tejado. Por tanto, reforma constitucional primero –si así lo consensuan PSOE y PP- y reforma estatutaria después. Así se hacen bien las cosas y que Montilla tome nota y termine la huida permanente de un electorado natural que le pasará la factura al caer la otoñal noche electoral.
lunes, 3 de mayo de 2010
Britannia, 6-M
“Sea cual sea el resultado, esta elección provocará que Reino Unido abandone, siquiera temporalmente, la cultura cincuentenaria de gobiernos monocolores”
La convocatoria electoral de 6 de mayo de 2010 está que arde. Tres candidatos reflejan las posibilidades de la baraja británica, con un palo revalorizado en los últimos meses. El típico bipartidismo ha restringido tradicionalmente la elección a sólo dos rostros. Ahora toca que los ciudadanos muestren qué cara lleva el as, aunque la carta más elevada no asegura la permanencia o en su caso la entrada en Downing Street, 10. Los ases tienen los siguientes nombres: Gordon Brown, David Cameron y Nick Clegg.
La política británica ha sufrido un vuelco inimaginable solo cuando tres años atrás, allá por junio de 2007, Tony Blair cediera el testigo del gobierno a su correligionario y otrora rival, Gordon Brown. La continua caída de popularidad del ejecutivo laborista y el refrescado liderazgo de tories y liberal-demócratas ha abierto las puertas al cambio en el Parlamento y, por ende, en la residencia del primer ministro.
Por si fuera poco, el escándalo relativo a las dietas de los parlamentarios –cargando a cuenta de los contribuyentes, por ejemplo, la onerosa reparación de una mansión de Midlands-, los desplomes de importantísimas entidades bancarias –amortiguados con préstamos salidos del fisco- y el creciente descontento con los patinazos verbales del premier, entre otras vicisitudes dignas de mención en otro post, como las disidencias internas del laborismo gobernante, han dado al traste con una cómoda reelección de Brown, que se preveía en los primeros meses de su gobierno por medio de elecciones anticipadas. El primer ministro desde entonces renquea en todas las encuestas y en los últimos meses de legislatura su adversario Cameron –que no Camarón- constituye una seria amenaza para su futuro político. Además, y según todas las encuestas recientes, corresponde a los wighs el interesante y complicado papel de inclinar el balance of power a la agrupación tory o a la laborista. Evidentemente, aunque los analistas apuestan por una mayor facilidad para formar un gabinete Brown-Clegg, no resulta imposible, debido al desgaste del actual primer ministro, un respaldo a un ejecutivo conservador.
Después de haber visto parte de los tres debates electorales, y al hilo de la metáfora anterior, es evidente que cada candidato muestra las cartas que le interesan, no sin dosis de demagogia: Cameron, la expulsión de inmigrantes ilegales y la revisión, en sentido nacionalista, de sus relaciones con Bruselas; Brown, el reconstituido sistema público de salud y su dilatada experiencia como gestor económico; y Clegg, la implantación de un sistema electoral más proporcional y las rebajas fiscales a las clases medias.
Como hemos podido ver, ninguna carta de ningún aspirante es enteramente incompatible con ninguna otra, pero, por ejemplo, ¿no sería desastroso para los tories la modificación del sistema electoral, que reduciría a buen seguro su presencia en la Cámara de los Comunes? ¿Por qué Brown no ha aplicado algunas medidas de estímulo económico previstas por Clegg en sus tres años de gobierno coincidentes con la crisis? ¿O sería Cameron capaz de frenar las ansias europeístas de Clegg o hacer frente a la imposibilidad técnica de repatriar a todos los ilegales? Al haber combinaciones para todos los gustos, yo veo mis augurios y mis preferencias.
Un Gobierno monocolor tory provocaría un alejamiento inmediato respecto de los socios europeos y acabaría replanteándose el tema de siempre, muy agitado por los nacionalistas británicos, faltos de un imperio de referencia: ¿Qué hacemos en la Unión Europea y para qué la queremos? Evidentemente eso es la demagogia preferida del Partido Conservador. Un Gobierno liberal, en cambio, sería duramente criticado por sectores conservadores de la sociedad, con medidas como la “amnistía” para ilegales sin antecedentes penales o la posible entrada en el euro –que, a mi juicio de profano en economía, vendría muy bien para las exportaciones al resto de Europa-. Este gabinete sería una suerte de experimento y si llega a formarse así me doy con un canto en los dientes. No resisto la tentación de compararlo con Zapatero, el del primer mandato. Y, para terminar, un nuevo mandato de Brown, con respaldo parlamentario exclusivo, no da mucha imaginación para mi intelecto, por lo que voy a omitir comentarios sobre ello. Sería como el Zapatero del segundo mandato.
Lo que sí tiene más visos de prosperar es una lib-lab coalition –que, por cierto, ya existió en la década de 1970-, con una política social muy similar, o una coalición entre tories y liberal-demócratas, unidos por sus propuestas de rebaja fiscal, aunque lejanos en temas europeos y de protección social. Cuando el pueblo británico diga cuál es el as que habite a partir del día siguiente en Downing Street, y en función de la correlación de fuerzas existentes en el Parlamento, se decidirá la composición del nuevo Ejecutivo, que tiene ante sí la obligación de plantear ajustes aún más duros y recortes presupuestarios mayores a los anunciados en la campaña electoral.
Ojalá los británicos elijan lo más adecuado –el pueblo puede equivocarse, hay precedentes muy conocidos-, y que sus representantes consigan dar con la mayoría parlamentaria que hará factible sus deseos y aspiraciones por medio de la recuperación económica. Sea cual sea el resultado, esta elección provocará que Reino Unido abandone, siquiera temporalmente, la cultura cincuentenaria de gobiernos monocolores y abrace la posibilidad de un primer ministro en minoría o en coalición con otra fuerza política. Y espero sinceramente que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no se vea en la ausencia de una mayoría parlamentaria un signo de debilidad. No deja de resultarme curioso que un país con una clara vocación pactista, tal y como ha demostrado la historia, excluya ese espíritu cuando se trata de mirar hacia el futuro y decidir la política a aplicar para los siguientes cinco años.
Yo, desde luego, no estaré contento con ningún gobierno hasta que no sustituyan las millas por kilómetros y los coches empiecen a circular por la derecha. Lástima que no haya ningún as con esas propuestas, que acercarían a Reino Unido a la vera de la Europa continental con de forma mucho más efectiva que todas las uniones económicas y de defensa juntas. Pero es evidente que con esos proyectos como bases del cambio solo se puede estar en la marginalidad política.
La puerta de Downing Street, 10, está hoy cerrada. Ahora toca decidir quién tendrá la llave para abrirla a partir del 7 de mayo, y si lo hará solo o algún socio –ahora contrincante- tendrá que ayudarle a hacerlo. Alea iacta est.
La convocatoria electoral de 6 de mayo de 2010 está que arde. Tres candidatos reflejan las posibilidades de la baraja británica, con un palo revalorizado en los últimos meses. El típico bipartidismo ha restringido tradicionalmente la elección a sólo dos rostros. Ahora toca que los ciudadanos muestren qué cara lleva el as, aunque la carta más elevada no asegura la permanencia o en su caso la entrada en Downing Street, 10. Los ases tienen los siguientes nombres: Gordon Brown, David Cameron y Nick Clegg.
La política británica ha sufrido un vuelco inimaginable solo cuando tres años atrás, allá por junio de 2007, Tony Blair cediera el testigo del gobierno a su correligionario y otrora rival, Gordon Brown. La continua caída de popularidad del ejecutivo laborista y el refrescado liderazgo de tories y liberal-demócratas ha abierto las puertas al cambio en el Parlamento y, por ende, en la residencia del primer ministro.
Por si fuera poco, el escándalo relativo a las dietas de los parlamentarios –cargando a cuenta de los contribuyentes, por ejemplo, la onerosa reparación de una mansión de Midlands-, los desplomes de importantísimas entidades bancarias –amortiguados con préstamos salidos del fisco- y el creciente descontento con los patinazos verbales del premier, entre otras vicisitudes dignas de mención en otro post, como las disidencias internas del laborismo gobernante, han dado al traste con una cómoda reelección de Brown, que se preveía en los primeros meses de su gobierno por medio de elecciones anticipadas. El primer ministro desde entonces renquea en todas las encuestas y en los últimos meses de legislatura su adversario Cameron –que no Camarón- constituye una seria amenaza para su futuro político. Además, y según todas las encuestas recientes, corresponde a los wighs el interesante y complicado papel de inclinar el balance of power a la agrupación tory o a la laborista. Evidentemente, aunque los analistas apuestan por una mayor facilidad para formar un gabinete Brown-Clegg, no resulta imposible, debido al desgaste del actual primer ministro, un respaldo a un ejecutivo conservador.
Después de haber visto parte de los tres debates electorales, y al hilo de la metáfora anterior, es evidente que cada candidato muestra las cartas que le interesan, no sin dosis de demagogia: Cameron, la expulsión de inmigrantes ilegales y la revisión, en sentido nacionalista, de sus relaciones con Bruselas; Brown, el reconstituido sistema público de salud y su dilatada experiencia como gestor económico; y Clegg, la implantación de un sistema electoral más proporcional y las rebajas fiscales a las clases medias.
Como hemos podido ver, ninguna carta de ningún aspirante es enteramente incompatible con ninguna otra, pero, por ejemplo, ¿no sería desastroso para los tories la modificación del sistema electoral, que reduciría a buen seguro su presencia en la Cámara de los Comunes? ¿Por qué Brown no ha aplicado algunas medidas de estímulo económico previstas por Clegg en sus tres años de gobierno coincidentes con la crisis? ¿O sería Cameron capaz de frenar las ansias europeístas de Clegg o hacer frente a la imposibilidad técnica de repatriar a todos los ilegales? Al haber combinaciones para todos los gustos, yo veo mis augurios y mis preferencias.
Un Gobierno monocolor tory provocaría un alejamiento inmediato respecto de los socios europeos y acabaría replanteándose el tema de siempre, muy agitado por los nacionalistas británicos, faltos de un imperio de referencia: ¿Qué hacemos en la Unión Europea y para qué la queremos? Evidentemente eso es la demagogia preferida del Partido Conservador. Un Gobierno liberal, en cambio, sería duramente criticado por sectores conservadores de la sociedad, con medidas como la “amnistía” para ilegales sin antecedentes penales o la posible entrada en el euro –que, a mi juicio de profano en economía, vendría muy bien para las exportaciones al resto de Europa-. Este gabinete sería una suerte de experimento y si llega a formarse así me doy con un canto en los dientes. No resisto la tentación de compararlo con Zapatero, el del primer mandato. Y, para terminar, un nuevo mandato de Brown, con respaldo parlamentario exclusivo, no da mucha imaginación para mi intelecto, por lo que voy a omitir comentarios sobre ello. Sería como el Zapatero del segundo mandato.
Lo que sí tiene más visos de prosperar es una lib-lab coalition –que, por cierto, ya existió en la década de 1970-, con una política social muy similar, o una coalición entre tories y liberal-demócratas, unidos por sus propuestas de rebaja fiscal, aunque lejanos en temas europeos y de protección social. Cuando el pueblo británico diga cuál es el as que habite a partir del día siguiente en Downing Street, y en función de la correlación de fuerzas existentes en el Parlamento, se decidirá la composición del nuevo Ejecutivo, que tiene ante sí la obligación de plantear ajustes aún más duros y recortes presupuestarios mayores a los anunciados en la campaña electoral.
Ojalá los británicos elijan lo más adecuado –el pueblo puede equivocarse, hay precedentes muy conocidos-, y que sus representantes consigan dar con la mayoría parlamentaria que hará factible sus deseos y aspiraciones por medio de la recuperación económica. Sea cual sea el resultado, esta elección provocará que Reino Unido abandone, siquiera temporalmente, la cultura cincuentenaria de gobiernos monocolores y abrace la posibilidad de un primer ministro en minoría o en coalición con otra fuerza política. Y espero sinceramente que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no se vea en la ausencia de una mayoría parlamentaria un signo de debilidad. No deja de resultarme curioso que un país con una clara vocación pactista, tal y como ha demostrado la historia, excluya ese espíritu cuando se trata de mirar hacia el futuro y decidir la política a aplicar para los siguientes cinco años.
Yo, desde luego, no estaré contento con ningún gobierno hasta que no sustituyan las millas por kilómetros y los coches empiecen a circular por la derecha. Lástima que no haya ningún as con esas propuestas, que acercarían a Reino Unido a la vera de la Europa continental con de forma mucho más efectiva que todas las uniones económicas y de defensa juntas. Pero es evidente que con esos proyectos como bases del cambio solo se puede estar en la marginalidad política.
La puerta de Downing Street, 10, está hoy cerrada. Ahora toca decidir quién tendrá la llave para abrirla a partir del 7 de mayo, y si lo hará solo o algún socio –ahora contrincante- tendrá que ayudarle a hacerlo. Alea iacta est.
sábado, 10 de abril de 2010
Derecho Penal, el gran desconocido
No hay nada más inútil que defender la presunta inutilidad de las leyes penales vigentes de nuestra augusta Nación. Mientras por un lado los penalistas se afanan en señalar que en nuestro país, con una incidencia relativamente baja de la delincuencia en relación con el entorno europeo, se debe mitigar el rigor del sistema punitivo, por otro lado los periodistas reconvertidos en juristas, hábiles prestidigitadores –léase políticos populistas y sus anejos mediáticos- y las víctimas de horrendos crímenes, se quitan la careta y anuncian medidas que, de aprobarse, nos conducirían irremisiblemente a un sistema normativo inspirado en los clichés decimonónicos.
Algunos juristas en potencia estamos hartos de ver cómo se realizan diversas reformas al Código Penal en una sola legislatura, mientras que las modificaciones de otros cuerpos legales, como el Código civil –con una regulación carente de sistemática actualizada y con multitud de normas civiles dispersas por otras leyes especiales- duermen el sueño de los justos en algún cajón ministerial o de la Comisión de Codificación. La creciente tendencia a explotar a las víctimas como munición electoral por parte de diversas formaciones políticas, y tangencialmente por todas, y el eco mediático de los familiares directos de algunas de esas víctimas, ha supuesto lo que denomino “populización” del sistema penal, que me recuerda más a regímenes afortunadamente superados que a planteamientos admisibles en un Estado social y de Derecho.
Ahora lo que vende es endurecer las leyes penales, todos a la cárcel, y todo ello adornado con el falso mensaje de delincuencia cero. Curiosamente, los delitos que más se endurecen son los delitos cometidos por personas de extracción social humilde –véase el delito continuado de hurto, por faltas reiteradas-, potenciando, en cambio, la casi impunidad en otros delitos cometidos en el seno de operaciones mercantiles o por políticos corruptos, en los que prevalece la sensación de tibieza de la justicia ante tamañas indignidades. Esto es así. Un claro exponente de esta política es la reforma derechista del Código en 2003. Lo evidente es que se está entrando en una espiral peligrosa que pretende acabar con la criminalidad por medio de leyes ad hoc. En esta categoría de leyes entra el proyecto de Código Penal presentado el pasado otoño en el Congreso, si –como es previsible- llega a aprobarse. Desgraciadamente, tengo que dar la razón a los izquierdistas cuando protestan por la auto-protección penal de los poderes fácticos.
He analizado el proyecto de Código Penal reformado que se pretende aprobar y es claramente un nuevo apretón de tuerca en el endurecimiento extremo del Derecho penal, reforzado por figuras mediáticas con propuestas populistas y padres espectáculos –merecido calificativo-. No sé si esto llegará algún día a acabar con el restablecimiento de la venganza de la sangre. Y no es una frivolidad lo que digo, es que la gente pide eso: mano dura. No se entiende al delincuente desde una postura empática, sino completamente hostil. Nosotros nunca podremos ser delincuentes; los demás, sí. Con esa mentalidad estamos destrozando las raíces que conforman el sistema penal español, más por resentimiento e ignorancia que por razones de justicia material, y estamos despertando propuestas que eran razonables en los tiempos de Hammurabi.
La oposición, el Partido Popular, no va a la zaga al Gobierno en este sentido, como era de esperar. Incluso lo supera con sus propuestas flagrantemente inconstitucionales. El tribuno de la plebe –dicho sea con todos los respetos-, Juan José Cortés, se ha declarado plenamente legitimado para promover la revisión, en sentido regresivo, de la pena de prisión, llegándose al esperpento de presentar el grupo al que asesora -con, al parecer, una buena dosis de sentido común- una enmienda que prevé una suerte de prisión perpetua revisable. No me explico cómo puede ser revisable si es perpetua; se trata de un oxímoron en toda regla. Espero que salgan pronto de su contradicción, porque son plenamente conscientes de que la verdadera retribución pura y dura, el resarcimiento de las víctimas, es, mal que pueda pesar a muchos, una cuestión de Derecho civil, de dinero, y no de pena. El principal escollo es que el señor Cortés no es jurista y la enmienda parlamentaria se ha defendido con escasos fundamentos jurídicos y argumentos harto cuestionables por el Tribunal Constitucional pero con una carga política muy profunda que contraviene el espíritu de nuestra norma fundamental.
Tenemos que superar la dicotomía maniquea que clasifica a los delincuentes en buenos y malos. Buenos son los que están integrados en el sistema o, a fin de cuentas, dirigen el cotarro en algunos sectores sociales o económicos influyentes. Malos, todos los demás: toxicómanos, terroristas, violadores, extranjeros y psicópatas. En las normas penales y penitenciarias no pueden colarse los prejuicios que desacreditan todos los valores que son seña principal de nuestro Estado democrático. Desde luego, si al elaborarlas contamos con personas que no pueden controlar sus deseos de venganza ni tienen legitimidad moral para decir lo que dicen, la justicia abrirá paso al talión, porque los que defendemos justicia somos sistemáticamente acusados de débiles y de condescendientes con el criminal sin ningún argumento sólido.
Concluyo este post con un desiderátum. Algún día, una mañana de primavera el ministro de Justicia de turno se levantará de su plácido lecho y pensará en que ya va siendo hora de restaurar la proporcionalidad en el Código y despenalizar conductas que no se insertan en la última ratio del Derecho penal o no lesionan bienes jurídicos. Cuando la noticia salte a los medios de comunicación, se leerán titulares como éstos: “el ministro cede ante el chantaje de los terroristas”, “el gobierno, cómplice de los delincuentes”, “a partir de hoy todos los pederastas y violadores saldrán de la cárcel”, etc. El ministro intentará impulsar el proyecto de reforma, con mayor o menor fortuna, pero el presidente del Gobierno, debido al coste político que puede suponer, ordenará la retirada de la propuesta y, por ende, la muerte política del ministro. Fin de la ilusión.
Algunos juristas en potencia estamos hartos de ver cómo se realizan diversas reformas al Código Penal en una sola legislatura, mientras que las modificaciones de otros cuerpos legales, como el Código civil –con una regulación carente de sistemática actualizada y con multitud de normas civiles dispersas por otras leyes especiales- duermen el sueño de los justos en algún cajón ministerial o de la Comisión de Codificación. La creciente tendencia a explotar a las víctimas como munición electoral por parte de diversas formaciones políticas, y tangencialmente por todas, y el eco mediático de los familiares directos de algunas de esas víctimas, ha supuesto lo que denomino “populización” del sistema penal, que me recuerda más a regímenes afortunadamente superados que a planteamientos admisibles en un Estado social y de Derecho.
Ahora lo que vende es endurecer las leyes penales, todos a la cárcel, y todo ello adornado con el falso mensaje de delincuencia cero. Curiosamente, los delitos que más se endurecen son los delitos cometidos por personas de extracción social humilde –véase el delito continuado de hurto, por faltas reiteradas-, potenciando, en cambio, la casi impunidad en otros delitos cometidos en el seno de operaciones mercantiles o por políticos corruptos, en los que prevalece la sensación de tibieza de la justicia ante tamañas indignidades. Esto es así. Un claro exponente de esta política es la reforma derechista del Código en 2003. Lo evidente es que se está entrando en una espiral peligrosa que pretende acabar con la criminalidad por medio de leyes ad hoc. En esta categoría de leyes entra el proyecto de Código Penal presentado el pasado otoño en el Congreso, si –como es previsible- llega a aprobarse. Desgraciadamente, tengo que dar la razón a los izquierdistas cuando protestan por la auto-protección penal de los poderes fácticos.
He analizado el proyecto de Código Penal reformado que se pretende aprobar y es claramente un nuevo apretón de tuerca en el endurecimiento extremo del Derecho penal, reforzado por figuras mediáticas con propuestas populistas y padres espectáculos –merecido calificativo-. No sé si esto llegará algún día a acabar con el restablecimiento de la venganza de la sangre. Y no es una frivolidad lo que digo, es que la gente pide eso: mano dura. No se entiende al delincuente desde una postura empática, sino completamente hostil. Nosotros nunca podremos ser delincuentes; los demás, sí. Con esa mentalidad estamos destrozando las raíces que conforman el sistema penal español, más por resentimiento e ignorancia que por razones de justicia material, y estamos despertando propuestas que eran razonables en los tiempos de Hammurabi.
La oposición, el Partido Popular, no va a la zaga al Gobierno en este sentido, como era de esperar. Incluso lo supera con sus propuestas flagrantemente inconstitucionales. El tribuno de la plebe –dicho sea con todos los respetos-, Juan José Cortés, se ha declarado plenamente legitimado para promover la revisión, en sentido regresivo, de la pena de prisión, llegándose al esperpento de presentar el grupo al que asesora -con, al parecer, una buena dosis de sentido común- una enmienda que prevé una suerte de prisión perpetua revisable. No me explico cómo puede ser revisable si es perpetua; se trata de un oxímoron en toda regla. Espero que salgan pronto de su contradicción, porque son plenamente conscientes de que la verdadera retribución pura y dura, el resarcimiento de las víctimas, es, mal que pueda pesar a muchos, una cuestión de Derecho civil, de dinero, y no de pena. El principal escollo es que el señor Cortés no es jurista y la enmienda parlamentaria se ha defendido con escasos fundamentos jurídicos y argumentos harto cuestionables por el Tribunal Constitucional pero con una carga política muy profunda que contraviene el espíritu de nuestra norma fundamental.
Tenemos que superar la dicotomía maniquea que clasifica a los delincuentes en buenos y malos. Buenos son los que están integrados en el sistema o, a fin de cuentas, dirigen el cotarro en algunos sectores sociales o económicos influyentes. Malos, todos los demás: toxicómanos, terroristas, violadores, extranjeros y psicópatas. En las normas penales y penitenciarias no pueden colarse los prejuicios que desacreditan todos los valores que son seña principal de nuestro Estado democrático. Desde luego, si al elaborarlas contamos con personas que no pueden controlar sus deseos de venganza ni tienen legitimidad moral para decir lo que dicen, la justicia abrirá paso al talión, porque los que defendemos justicia somos sistemáticamente acusados de débiles y de condescendientes con el criminal sin ningún argumento sólido.
Concluyo este post con un desiderátum. Algún día, una mañana de primavera el ministro de Justicia de turno se levantará de su plácido lecho y pensará en que ya va siendo hora de restaurar la proporcionalidad en el Código y despenalizar conductas que no se insertan en la última ratio del Derecho penal o no lesionan bienes jurídicos. Cuando la noticia salte a los medios de comunicación, se leerán titulares como éstos: “el ministro cede ante el chantaje de los terroristas”, “el gobierno, cómplice de los delincuentes”, “a partir de hoy todos los pederastas y violadores saldrán de la cárcel”, etc. El ministro intentará impulsar el proyecto de reforma, con mayor o menor fortuna, pero el presidente del Gobierno, debido al coste político que puede suponer, ordenará la retirada de la propuesta y, por ende, la muerte política del ministro. Fin de la ilusión.
jueves, 25 de marzo de 2010
Griñán, plenos poderes. Adiós al chavismo.
Es curioso ver cómo se ha gestado la sucesión de Manuel Chaves en la presidencia de la Junta de Andalucía. Político incombustible y ministro con el gobierno de González en la década de 1980, fue elegido por primera vez al cargo en 1990, tras la caída en desgracia del entonces presidente, Rodríguez de la Borbolla, enfrentado permanentemente con el entonces todopoderoso Alfonso Guerra. Mantuvo su puesto en pleno fragor de la crisis política y moral de mediados de los noventa y consiguió sortear los obstáculos para seguir en el aparato del partido después de la retirada de González. Es más, en 2000 fue elegido presidente del partido en el Congreso que eligió al actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE.
En diciembre de 2007, Chaves fue reelegido candidato a la Junta por el Comité Director de su partido, a pesar de que ya algunas voces sacaban la quiniela sucesora, en cuya cabeza estaba Mar Moreno, entonces presidenta de la Cámara autonómica. Chaves revalidó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y consiguió, en abril de 2008, ser investido por sexta vez consecutiva como presidente de la Junta, sucediéndose a sí mismo. En el curso de aquel verano ya comenzaron a aflorar nuevamente los rumores de una posible retirada de Chaves antes de 2012.
Inesperadamente, en marzo de 2009, en vísperas de una crisis gubernamental, y según fuentes periodísticas de toda solvencia, Zapatero -que ya había sido elegido presidente en 2004 y reelegido en 2008- ofreció a Chaves irse a Madrid como ministro de Política Territorial, petición que el dirigente andaluz aceptó no sin antes imponer el nombre de su sucesor: el entonces vicepresidente económico de la Junta, Pepe Griñán, en detrimento de la eterna aspirante, Mar Moreno. En abril de 2009, tras la crisis del Gobierno central, Chaves abandonó la presidencia de la Junta y se instaló en Madrid con el rango de vicepresidente tercero. Pocos días más tarde, se formalizaba la sucesión con la investidura de Griñán como presidente de la Junta. El nuevo Gobierno era continuista pero ya daba entrada a algunos miembros de nuevo cuño, de la onda del nuevo jefe del Ejecutivo. A partir de entonces la bicefalia entre Chaves, secretario general del partido en Andalucía, y Griñán, presidente de la Junta, produjo algunos desencuentros que impedían a éste tener las manos libres, máxime en un momento de grave crisis económica y con unas encuestas vaticinadoras de un más que probable declive. Así pues, fue necesaria la convocatoria extraordinaria de un Congreso para entregar a Griñán la vara de mando tanto en el partido como en el Gobierno, como es costumbre en nuestro país -costumbre importada, por cierto, de Reino Unido y de los países escandinavos-.
En el Congreso extraordinario del PSOE andaluz lo que ha quedado claro es que Griñán no se encuentra con ninguna oposición. Es justo la lectura inversa de la oficial, que declara y proclama a los cuatro vientos un apoyo unánime. Vamos, lo que se llama un congreso a la búlgara. Es cierto que Griñán tiene oportunidad para consolidarse como candidato a la Casa Rosa en 2012, pero para ello deberá de sensibilizar a las bases del partido, tanto militantes como simpatizantes. La crisis económica devastadora está haciendo mucho daño a sus expectativas electorales, pero hoy puede rectificar. Mañana también. Pero no cuando el desgaste ya sea irreversible, en torno a finales de año y principios de 2011, en plena campaña por las municipales. Ahora se acaba definitivamente el cartel de presidente interino que algunos le habían vaticinado. El chavismo ha muerto: ha llegado la era del griñanismo.
En cuanto a la remodelación del Consejo de Gobierno, consecuencia natural y cantada por todos desde la asunción del liderazgo del partido, algunos aspectos me han parecido muy acertados, por qué no decirlo. Por ejemplo, la supresión de dos consejerías. Veo que ha tirado de políticos con experiencia, como es el caso de Paulino Plata –con una labia poco común-, que regresa como consejero de Cultura. También veo positiva la separación de Economía y Hacienda –práctica que se considera propia de la derecha-. Mis ideales socialdemócratas no están reñidos con el pragmatismo, y se ve que los de Griñán tampoco. No tiene por qué ser el mismo el que estimula el crecimiento económico que el que recauda impuestos con el fin de redistribuir ese crecimiento. Además, es positivo que el crecimiento se una a Ciencia e Innovación, y que se potencie el crecimiento del peso de esos sectores en el PIB regional, de una vez por todas.
Lo que no entiendo es por qué algunos consejeros, como la de Justicia, Begoña Álvarez, han caído en la remodelación, cuando ni siquiera han podido aprobar algunos de sus proyectos estrella, como la reforma de la justicia y su adecuación a la nueva oficina judicial. Otro caso controvertido es el de Martín Soler, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que su salida se debe a su supuesta conexión con la Operación Poniente en la provincia de Almería. El caso de Juan Espadas parece claro, porque algunos ven en él al candidato a suceder a Monteseirín al frente del Ayuntamiento sevillano. Me parece lógico que haya un Gobierno limpio de cualquier sospecha, no debe haber gente dudosa gestionando la cosa pública.
También ha sido nombrado un nuevo portavoz del grupo socialista en el Parlamento. Se trata del onubense Mario Jiménez. No lo conozco, ya lo juzgaré por sus palabras cuando llegue el momento. Desde luego, Manuel Gracia se ha movido con soltura desde que asumió el cargo allá por 2004.
Otro tema delicado a tratar es la salida del alcalde de Sevilla y su retirada el año que viene, tras las elecciones municipales. Algunos quieren que lo releve su número dos, otros que el mismísimo Alfonso Guerra. Para crear a Espadas una pista de aterrizaje ante su eventual candidatura, por ahora se le ha nombrado Delegado del Gobierno en Andalucía. También están en la agenda otras candidaturas a las capitales, como las de Cádiz, Córdoba, Málaga o Almería, máxime cuando en todas, excepto Córdoba, los candidatos de los últimos comicios han huido en desbandada después de unas soberanas y previsibles derrotas electorales. En todos estos problemas deberá reparar Griñán cuando toque el momento de destapar la caja de los truenos, es decir, las listas electorales, motivo de bofetadas por doquier.
Sin embargo, el movimiento más comentado por la prensa ha sido el nombramiento de Mar Moreno, la favorita de Zapatero para suceder a Chaves, como consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. Ha colocado a una de las figuras al frente de la "cara amable" del Gobierno andaluz, con vistas a su colocación en una posición de ventaja de cara a la sucesión del propio Griñán, que cuenta con 64 años. En cualquier caso, otra que ha salido muy reforzada ha sido la ex díscola de IU Rosa Aguilar, que amplía sus competencias sobre la extinta consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, amén de la que ya ejercía como consejera de Obras Públicas y Transportes.
Ahora Griñán ha podido formar el gobierno que ha querido. No valen excusas si a partir de ahora la gestión gubernamental es ineficiente. Se le podría perdonar algún error hasta su elección como secretario general del PSOE andaluz, pero ahora debemos ser muy exigentes con él, que lidera una comunidad autónoma con un millón de parados. Ahora tiene en sus manos todo el poder, y yo preveo que desmantelará poco a poco el aparato chavista, aunque mantenga a Luis Pizarro en Gobernación y Justicia. A partir de ahora lo que queremos los andaluces son resultados, aunque ya debería de haberse puesto las pilas en abril de 2009.
Hasta ahora hemos disfrutado de dieciséis años de chavismo sin cortes publicitarios –veinte, si se cuentan desde el acceso de Chaves a la presidencia de la Junta en 1990-. Ahora, después de un año de chavismo sin Chaves, toca el turno del griñanismo. Ya veremos en qué cambia, y cuánto dura. Ojalá sea un cambio sincero y positivo y no como los cambiazos de antaño.
En diciembre de 2007, Chaves fue reelegido candidato a la Junta por el Comité Director de su partido, a pesar de que ya algunas voces sacaban la quiniela sucesora, en cuya cabeza estaba Mar Moreno, entonces presidenta de la Cámara autonómica. Chaves revalidó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas y consiguió, en abril de 2008, ser investido por sexta vez consecutiva como presidente de la Junta, sucediéndose a sí mismo. En el curso de aquel verano ya comenzaron a aflorar nuevamente los rumores de una posible retirada de Chaves antes de 2012.
Inesperadamente, en marzo de 2009, en vísperas de una crisis gubernamental, y según fuentes periodísticas de toda solvencia, Zapatero -que ya había sido elegido presidente en 2004 y reelegido en 2008- ofreció a Chaves irse a Madrid como ministro de Política Territorial, petición que el dirigente andaluz aceptó no sin antes imponer el nombre de su sucesor: el entonces vicepresidente económico de la Junta, Pepe Griñán, en detrimento de la eterna aspirante, Mar Moreno. En abril de 2009, tras la crisis del Gobierno central, Chaves abandonó la presidencia de la Junta y se instaló en Madrid con el rango de vicepresidente tercero. Pocos días más tarde, se formalizaba la sucesión con la investidura de Griñán como presidente de la Junta. El nuevo Gobierno era continuista pero ya daba entrada a algunos miembros de nuevo cuño, de la onda del nuevo jefe del Ejecutivo. A partir de entonces la bicefalia entre Chaves, secretario general del partido en Andalucía, y Griñán, presidente de la Junta, produjo algunos desencuentros que impedían a éste tener las manos libres, máxime en un momento de grave crisis económica y con unas encuestas vaticinadoras de un más que probable declive. Así pues, fue necesaria la convocatoria extraordinaria de un Congreso para entregar a Griñán la vara de mando tanto en el partido como en el Gobierno, como es costumbre en nuestro país -costumbre importada, por cierto, de Reino Unido y de los países escandinavos-.
En el Congreso extraordinario del PSOE andaluz lo que ha quedado claro es que Griñán no se encuentra con ninguna oposición. Es justo la lectura inversa de la oficial, que declara y proclama a los cuatro vientos un apoyo unánime. Vamos, lo que se llama un congreso a la búlgara. Es cierto que Griñán tiene oportunidad para consolidarse como candidato a la Casa Rosa en 2012, pero para ello deberá de sensibilizar a las bases del partido, tanto militantes como simpatizantes. La crisis económica devastadora está haciendo mucho daño a sus expectativas electorales, pero hoy puede rectificar. Mañana también. Pero no cuando el desgaste ya sea irreversible, en torno a finales de año y principios de 2011, en plena campaña por las municipales. Ahora se acaba definitivamente el cartel de presidente interino que algunos le habían vaticinado. El chavismo ha muerto: ha llegado la era del griñanismo.
En cuanto a la remodelación del Consejo de Gobierno, consecuencia natural y cantada por todos desde la asunción del liderazgo del partido, algunos aspectos me han parecido muy acertados, por qué no decirlo. Por ejemplo, la supresión de dos consejerías. Veo que ha tirado de políticos con experiencia, como es el caso de Paulino Plata –con una labia poco común-, que regresa como consejero de Cultura. También veo positiva la separación de Economía y Hacienda –práctica que se considera propia de la derecha-. Mis ideales socialdemócratas no están reñidos con el pragmatismo, y se ve que los de Griñán tampoco. No tiene por qué ser el mismo el que estimula el crecimiento económico que el que recauda impuestos con el fin de redistribuir ese crecimiento. Además, es positivo que el crecimiento se una a Ciencia e Innovación, y que se potencie el crecimiento del peso de esos sectores en el PIB regional, de una vez por todas.
Lo que no entiendo es por qué algunos consejeros, como la de Justicia, Begoña Álvarez, han caído en la remodelación, cuando ni siquiera han podido aprobar algunos de sus proyectos estrella, como la reforma de la justicia y su adecuación a la nueva oficina judicial. Otro caso controvertido es el de Martín Soler, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que su salida se debe a su supuesta conexión con la Operación Poniente en la provincia de Almería. El caso de Juan Espadas parece claro, porque algunos ven en él al candidato a suceder a Monteseirín al frente del Ayuntamiento sevillano. Me parece lógico que haya un Gobierno limpio de cualquier sospecha, no debe haber gente dudosa gestionando la cosa pública.
También ha sido nombrado un nuevo portavoz del grupo socialista en el Parlamento. Se trata del onubense Mario Jiménez. No lo conozco, ya lo juzgaré por sus palabras cuando llegue el momento. Desde luego, Manuel Gracia se ha movido con soltura desde que asumió el cargo allá por 2004.
Otro tema delicado a tratar es la salida del alcalde de Sevilla y su retirada el año que viene, tras las elecciones municipales. Algunos quieren que lo releve su número dos, otros que el mismísimo Alfonso Guerra. Para crear a Espadas una pista de aterrizaje ante su eventual candidatura, por ahora se le ha nombrado Delegado del Gobierno en Andalucía. También están en la agenda otras candidaturas a las capitales, como las de Cádiz, Córdoba, Málaga o Almería, máxime cuando en todas, excepto Córdoba, los candidatos de los últimos comicios han huido en desbandada después de unas soberanas y previsibles derrotas electorales. En todos estos problemas deberá reparar Griñán cuando toque el momento de destapar la caja de los truenos, es decir, las listas electorales, motivo de bofetadas por doquier.
Sin embargo, el movimiento más comentado por la prensa ha sido el nombramiento de Mar Moreno, la favorita de Zapatero para suceder a Chaves, como consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. Ha colocado a una de las figuras al frente de la "cara amable" del Gobierno andaluz, con vistas a su colocación en una posición de ventaja de cara a la sucesión del propio Griñán, que cuenta con 64 años. En cualquier caso, otra que ha salido muy reforzada ha sido la ex díscola de IU Rosa Aguilar, que amplía sus competencias sobre la extinta consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, amén de la que ya ejercía como consejera de Obras Públicas y Transportes.
Ahora Griñán ha podido formar el gobierno que ha querido. No valen excusas si a partir de ahora la gestión gubernamental es ineficiente. Se le podría perdonar algún error hasta su elección como secretario general del PSOE andaluz, pero ahora debemos ser muy exigentes con él, que lidera una comunidad autónoma con un millón de parados. Ahora tiene en sus manos todo el poder, y yo preveo que desmantelará poco a poco el aparato chavista, aunque mantenga a Luis Pizarro en Gobernación y Justicia. A partir de ahora lo que queremos los andaluces son resultados, aunque ya debería de haberse puesto las pilas en abril de 2009.
Hasta ahora hemos disfrutado de dieciséis años de chavismo sin cortes publicitarios –veinte, si se cuentan desde el acceso de Chaves a la presidencia de la Junta en 1990-. Ahora, después de un año de chavismo sin Chaves, toca el turno del griñanismo. Ya veremos en qué cambia, y cuánto dura. Ojalá sea un cambio sincero y positivo y no como los cambiazos de antaño.
La carretera (The road)
Hace pocos días disfruté en el cine de The Road (La Carretera), adaptación al celuloide de la célebre novela homónima de Cormac Macarthy. Desde luego, me encontré con un elemento un pelín independiente mi voluntad: mi absoluta soledad en la sala –desde luego, es normal en ese cine un día entre semana-. Aparte de este detalle, que me permitió afrontar, sin molestia alguna, la incorporación de mi mente a lo que reflejaba la pantalla.
Al principio me hice una pregunta: ¿seré capaz de “leer” el mensaje de la obra? Desde luego el comienzo hizo florecer en mi cabeza una emoción: aburrimiento. He comprado una entrada para nada. Pero, afortunadamente, salí razonablemente satisfecho de la sala, aunque claro, con el “hándicap” de haber acudido a ella sin haber leído previamente la novela. Aunque por mis oídos ha entrado la idea de que la novela escrita es aún más melancólica y existencialista que la propia película.
En el desarrollo del film entra en juego una teoría psicológica, la denominada pirámide de Maslow, según la cual existe una jerarquización de las necesidades, por lo que solo pueden satisfacerse otros deseos si la supervivencia está garantizada. Sobra todo cuanto explique de ella porque es evidente su reflejo a lo largo de toda la historia de la película.
Repito que para entender el argumento central de esta obra no basta con ver y escuchar. Hay que pensar. La filosofía está muy presente en su planteamiento y en la idea que debe entrar en nuestra mente. Es absolutamente necesario.
Espero
En el desarrollo del film entra en juego una teoría psicológica, la denominada pirámide de Maslow, según la cual existe una jerarquización de las necesidades, por lo que solo pueden satisfacerse otros deseos si la supervivencia está garantizada. Sobra todo cuanto explique de ella porque es evidente su reflejo a lo largo de toda la historia de la película.
Repito que para entender el argumento central de esta obra no basta con ver y escuchar. Hay que pensar. La filosofía está muy presente en su planteamiento y en la idea que debe entrar en nuestra mente. Es absolutamente necesario.
Espero
miércoles, 10 de marzo de 2010
La Munareta
Dice una conocida frase que si consigues un amigo mallorquín no lo pierdes jamás. Eso deben pensar socialistas y populares de Unió Mallorquina y más concretamente de su jefa, Maria Antònia Munar, genio y figura, que han ido rotando en el baile de las coaliciones desde allá en la década de 1980 hasta febrero de 2010, cuando el presidente balear, el socialista Francesc Antich, decidió romper la coalición por razones éticas. Ahora, algunos políticos del archipiélago están cubiertos de cieno hasta las cejas. Eso pasa por tener amigos de los que no hay forma de desprenderse.
Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los mallorquines están profundamente avergonzados de estos personajes, pero también es cierto que deben aprovechar una oportunidad única en las próximas elecciones al Parlamento balear para desterrar para siempre los comportamientos que ven en la política una actividad para conseguir el enriquecimiento personal.
Todo se remonta al año 1983. En las primeras elecciones al Parlamento balear, los populares y los socialistas empataron en escaños, convirtiéndose Unió Mallorquina en el fiel de la balanza. Finalmente, este minúsculo partido, escisión de la UCD, dio su respaldo a Alianza Popular gracias a las gestiones de unos afamados banqueros oriundos de las islas. Este matrimonio duró, con alguna interrupción por la mayoría absoluta de los conservadores, hasta bien entrados los años noventa. Allá por 1999, con la pérdida de mayoría absoluta del PP, Unió arrimó su sardina al ascua socialista, formando un pacto tutti fruti con formaciones minoritarias de izquierda y catalanistas. Con el cambio de novio no frenaron ni la especulación urbanística ni los continuos pelotazos en las adjudicaciones de obras y eventos. Cuatro años más tarde, con el retorno de los populares al Govern, la borrachera de poder de UM acabó, presuntamente, con el saqueo de las arcas regionales y con el atropello continuo de las leyes urbanísticas y de financiación de los partidos políticos. Se produjeron continuas desviaciones de poder y de dinero, malversaciones de caudales públicos, cohechos, comportamientos absolutamente reprobables en unos responsables políticos. Todas estas conductas han provocado revuelo y preocupación en estos momentos. En 2007 volvió al poder la coalición macedonia, pero a mitad de legislatura las cosas ya no volvieron a ser como antes: con una frenética actividad de la fiscalía anticorrupción, el aparato que dirigía UM quedó desmantelado. Desde entonces se han sucedido dimisiones y destituciones masivas de afines a esta formación, en especial de cargos existentes durante el ejecutivo del popular Jaume Matas (2003-2007). Ahora es cuando ha comenzado a salir el olor a cloaca, después de tantos años de impunidad y desafío a la justicia.
En su estancia en el poder autonómico durante más de dos décadas, Unió Mallorquina, al ser decisiva en distintas instancias de poder en las islas, adquirió una relevancia casi inusitada a pesar de que no suele llegar a la media docena de diputados, de un total de sesenta. Esta visibilidad fue caldo de cultivo de una red de clientelismo y, por qué no decirlo, de corrupción a espuertas. Esta tela de araña ha ido creciendo progresivamente, hasta estallar a finales de 2009, con la detención de importantes dirigentes del partido y cargos de confianza de éstos, imputados por malversación, cohecho, prevaricación y otras lindezas que cometen las personas que se dedican a estos menesteres.
De todo esto tenemos un caso palmario. Munar, presidenta del Consell Insular de Mallorca durante 12 años, y posteriormente presidenta del Parlament autonómico hasta su caída en febrero de 2010, está imputada en diversos sumarios. Respetar la presunción de inocencia es esencial. Esta política tiene todo el derecho a ello, pero políticamente está inhabilitada para seguir al frente de la Cámara autonómica, después de tanto escándalo y tanto espectáculo. Los políticos no solo deben ser honrados, sino parecerlo. Afortunadamente, ha dado el paso que todo hijo de vecino esperaba de ella y ha dimitido. Lo ha hecho tarde pero ha hecho lo correcto, apartarse de la primera línea.
Ahora ha llegado la hora de la resaca, después de una embriaguez de más de seis años. De aquellos polvos vienen estos lodos. Imputados, esposados y juzgados. Todo un cóctel que procede de épocas en las que, en pleno auge del ladrillo, ser honrado equivalía a que te dijeran tonto por no aprovecharte. Ya vendrán las multas, las prisiones y las inhabilitaciones. Pero hay un problema de fondo, y es que se ha instaurado la cultura del todo vale, total, el dinero no se devuelve porque está guardado en paraísos fiscales o a nombre de testaferros del todo insospechados. Así a muchos les dan ganas de votar a estos mini-partidos que tienen por único objetivo la detentación del poder, porque dan a entender que da igual, que si malversas o robas tampoco te van a apretar mucho. Desprecian al pueblo porque desprecian las leyes al no cumplirlas, o al alterarlas para su propio lucro.
Voy a terminar relatando una experiencia personal. Que conste que yo tengo amigos y familiares allí en Baleares, son todos encantadores, y no se parecen en nada a estos presuntos ladrones, disfrazados de presuntos políticos. Más quisieran muchos de éstos parecerse a ellos.
Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los mallorquines están profundamente avergonzados de estos personajes, pero también es cierto que deben aprovechar una oportunidad única en las próximas elecciones al Parlamento balear para desterrar para siempre los comportamientos que ven en la política una actividad para conseguir el enriquecimiento personal.
Todo se remonta al año 1983. En las primeras elecciones al Parlamento balear, los populares y los socialistas empataron en escaños, convirtiéndose Unió Mallorquina en el fiel de la balanza. Finalmente, este minúsculo partido, escisión de la UCD, dio su respaldo a Alianza Popular gracias a las gestiones de unos afamados banqueros oriundos de las islas. Este matrimonio duró, con alguna interrupción por la mayoría absoluta de los conservadores, hasta bien entrados los años noventa. Allá por 1999, con la pérdida de mayoría absoluta del PP, Unió arrimó su sardina al ascua socialista, formando un pacto tutti fruti con formaciones minoritarias de izquierda y catalanistas. Con el cambio de novio no frenaron ni la especulación urbanística ni los continuos pelotazos en las adjudicaciones de obras y eventos. Cuatro años más tarde, con el retorno de los populares al Govern, la borrachera de poder de UM acabó, presuntamente, con el saqueo de las arcas regionales y con el atropello continuo de las leyes urbanísticas y de financiación de los partidos políticos. Se produjeron continuas desviaciones de poder y de dinero, malversaciones de caudales públicos, cohechos, comportamientos absolutamente reprobables en unos responsables políticos. Todas estas conductas han provocado revuelo y preocupación en estos momentos. En 2007 volvió al poder la coalición macedonia, pero a mitad de legislatura las cosas ya no volvieron a ser como antes: con una frenética actividad de la fiscalía anticorrupción, el aparato que dirigía UM quedó desmantelado. Desde entonces se han sucedido dimisiones y destituciones masivas de afines a esta formación, en especial de cargos existentes durante el ejecutivo del popular Jaume Matas (2003-2007). Ahora es cuando ha comenzado a salir el olor a cloaca, después de tantos años de impunidad y desafío a la justicia.
En su estancia en el poder autonómico durante más de dos décadas, Unió Mallorquina, al ser decisiva en distintas instancias de poder en las islas, adquirió una relevancia casi inusitada a pesar de que no suele llegar a la media docena de diputados, de un total de sesenta. Esta visibilidad fue caldo de cultivo de una red de clientelismo y, por qué no decirlo, de corrupción a espuertas. Esta tela de araña ha ido creciendo progresivamente, hasta estallar a finales de 2009, con la detención de importantes dirigentes del partido y cargos de confianza de éstos, imputados por malversación, cohecho, prevaricación y otras lindezas que cometen las personas que se dedican a estos menesteres.
De todo esto tenemos un caso palmario. Munar, presidenta del Consell Insular de Mallorca durante 12 años, y posteriormente presidenta del Parlament autonómico hasta su caída en febrero de 2010, está imputada en diversos sumarios. Respetar la presunción de inocencia es esencial. Esta política tiene todo el derecho a ello, pero políticamente está inhabilitada para seguir al frente de la Cámara autonómica, después de tanto escándalo y tanto espectáculo. Los políticos no solo deben ser honrados, sino parecerlo. Afortunadamente, ha dado el paso que todo hijo de vecino esperaba de ella y ha dimitido. Lo ha hecho tarde pero ha hecho lo correcto, apartarse de la primera línea.
Ahora ha llegado la hora de la resaca, después de una embriaguez de más de seis años. De aquellos polvos vienen estos lodos. Imputados, esposados y juzgados. Todo un cóctel que procede de épocas en las que, en pleno auge del ladrillo, ser honrado equivalía a que te dijeran tonto por no aprovecharte. Ya vendrán las multas, las prisiones y las inhabilitaciones. Pero hay un problema de fondo, y es que se ha instaurado la cultura del todo vale, total, el dinero no se devuelve porque está guardado en paraísos fiscales o a nombre de testaferros del todo insospechados. Así a muchos les dan ganas de votar a estos mini-partidos que tienen por único objetivo la detentación del poder, porque dan a entender que da igual, que si malversas o robas tampoco te van a apretar mucho. Desprecian al pueblo porque desprecian las leyes al no cumplirlas, o al alterarlas para su propio lucro.
Voy a terminar relatando una experiencia personal. Que conste que yo tengo amigos y familiares allí en Baleares, son todos encantadores, y no se parecen en nada a estos presuntos ladrones, disfrazados de presuntos políticos. Más quisieran muchos de éstos parecerse a ellos.
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